La noche de los gurúes

Publicado en el diario El Territorio SAICyF de Posadas, Misiones. Página 18.

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Sábado 12 Noviembre de 2011



La noche de los gurúes se trató de la sumisión de las políticas Estado a manos de la economía e inició en Argentina con "el rodrigazo", ocurrido en junio de 1975, con el nombramiento de Celestino Rodrigo en el Ministerio de Economía de la Nación. Rodrigo estuvo un mes en esa cartera y su política propuso un mega-ajuste devaluatorio. La tónica: ajustar cinturones. La intensa noche de gurúes, con el tiempo, supo de episodios trágicos durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983); vio hiperinflación; provocó privatizaciones de empresas estatales argumentadas por el principio de eficacia económica; indujo al retiro voluntario de miles de empleados del Estado, muchos de ellos ahogados, a la postre, en el ancho mar del olvido de los desocupados; se enteró de devaluaciones, marginación social, aumento de la brecha entre los que más y menos tienen; hasta que la madrugada de esa noche tecnócrata explotó en las manos del gobierno del presidente De La Rúa y las manchó de sangre con la muerte de 21 personas en Plaza de Mayo.En 2002, esa despiadada noche festejó en el Congreso el default de la deuda. Todo ocurrió bajo la dirección de un modelo, al calor del neoliberalismo. Los gurúes urdieron un plan de ejercicio irresponsable de la libertad por la sed de lucro. La mirada peyorativa de la participación del Estado en la economía desechó la idea de bien común, justicia social y de un Estado garante de los derechos naturales de sus ciudadanos, basamento de los derechos humanos. Con la revalorización financiera consolidada en los noventa por la especulación en el mercado de capitales, los gurúes ganaron el primer plano en la economía y fueron representados por lo peor de la codicia dantesca; así descorcharon su mejor y más caro champán para festejar entre otras cosas la fuga frenética de capitales. La dimensión histórica de la problemática refiere que el Estado debió tomar las riendas de la economía como un imperativo moral toda vez que tuvo que figurarse el resultado eventual: crecimiento de la pobreza y marginalidad.Así el Estado reasumió en 2003 el rol director de la economía, siendo el policía o gendarme protector de la libertad y de los bienes de todos, incluso de los agentes económicos, pero disconforme el liberalismo cuestionó el cómo y con sus argucias acusó al Estado de totalitarista. El tópico del choque entre la economía y el Estado se resuelve con una precisa determinación filosófica del concepto de Estado subsidiario garante del bien común público y guiado por la justicia social. Esa idea se desarrolla en la doctrina social de la Iglesia Católica. Básicamente, la subsidiaridad consiste en que el Estado no debe hacer lo que pueden hacer los particulares, fomentando la actividad económica o disminuyendo su marcha para evitar situaciones inicuas. El bien común público es el fin al que debe tender el Estado para el bienestar y progreso de los habitantes y sobre eso se expresó el Papa Pablo VI en la encíclica "Populorum progessio". Y Argentina lo reconoció legalmente mediante la clausula de progreso del inciso 19 del artículo 75 de la Constitución. La justicia social refiere al respeto por los derechos sociales, también reconocidos por la Constitución; no obstante, la justicia social en grado superlativo importa un valor permanente por el respeto de la dignidad humana y así lo manifiesta el Papa Benedicto XVI en "Caritas in veritate" cuando afirma que la caridad en la verdad es el don al que está llamado el hombre. Y además, que en el mercado se produce el encuentro de personas sin olvidar la función social que debe tener el tráfico de bienes y servicios en la relación de consumo. Por esas ideas puede observarse que la problemática de la política y de la económica es una realidad compleja, dicotómica e irreductible. Y así acusan los conflictos actuales en la Comunidad Europea, con los indignados de España y la crisis financiera en Grecia; sin olvidar a Estados Unidos, el centro del sufrimiento globalizado de la tecnocracia, cuestionada por una movilización de jóvenes residentes -muy pocos inmigrantes-, ocurrida en octubre pasado, en la gran manzana de Wall Street donde el Alcalde de Nueva York ordenó a la Policía desactivar el reclamo de presión fiscal a los brookers. En el país del Norte, el panorama de esa movilización quizá sea atendida por el Estado para guiar activamente a la economía y compatibilizar derechos económicos y sociales; y de ese modo, deberá buscar otro medio para financiar su figura de sheriff mundial, que permite que sus brookers tomen riesgos temerarios por el afán de lucro.En Argentina, el panorama del modelo progresista propuesto por el gobierno re-asumió el mandamiento moral del Estado en la participación de la economía. Más aún, con las medidas sobre el régimen impositivo en el comercio exterior y con la última medida referida a la compra-venta de divisas. Así, en una situación regular de mercado, el Estado no debería violar el principio de subsidiariedad. Además, debería inclinarse a una economía de base ancha que diversifique las actividades productivas de sus agentes económicos, quienes deberían esperar nuevas medidas en las que el Estado consolide su participación como actor de la economía; sin olvidarse de la oportunidad de afianzar el nodo de exportación de oleaginosa y paulatinamente agregar valor a esos productos requeridos por la comunidad internacional, principalmente, por China.
(*) Investigación documental para la materia Seminario de Reflexión Jurídica y Ciclo de Síntesis de la Facultad de Abogacía de la Universidad Católica de Santa Fe. Tutor del seminario: Profesor Ignacio Mendoza


Jorge Lucas CabralEstudiante de abogacía